La Reforma Ley Orgánica Poder Judicial 2015 se llevará a cabo en el plazo aproximado de un mes. Y es que el Congreso de los Diputados ha dado luz verde, el día 14 de mayo de 2015, al proyecto LOPJ 2015.
La Reforma Ley Orgánica Poder Judicial amplía de cinco a siete el número de vocales del órgano de gobierno de los jueces que integran la Comisión Permanente y cuentan, por tanto, con dedicación exclusiva, y elimina la obligatoriedad de que su Comisión de Igualdad sea presidida por una mujer.
Además la reforma LOPJ 2015 ofrece mecanismos para racionalizar el reparto de trabajo entre las sedes judiciales, a través de una mayor especialización en los tribunales y un mejor reparto de asuntos. La reforma intenta lograr un mayor equilibrio de las cargas de trabajo en el caso de los órganos judiciales de ámbito provincial.
Para ello, y en relación con Reforma Ley Orgánica Poder Judicial 2015, se prevé que las Salas de Gobierno puedan acordar las modificaciones precisas en las normas de reparto para equilibrar la distribución de asuntos en determinados juzgados. Además, se incluye un sistema que permitirá al CGPJ especializar uno o varios órganos judiciales, de forma temporal, si así se determina en función del cúmulo de asuntos, para enjuiciar y resolver aquellas causas específicas que se determinen y que puedan ser tramitados por un mismo órgano judicial.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ 2015) incluirá un incremento del número de personas con discapacidad que podrán trabajar como funcionarios de la administración de Justicia. El PP ha introducido una enmienda de última hora en la norma que eleva de un 5 a un 7 por ciento el cupo y concreta que, de ese porcentaje, se reserva un 2 por ciento a aquellas personas con discapacidad intelectual.
El Grupo Popular ya registró en el plazo de presentación de enmiendas parciales otra previsión, en este caso para que los magistrados que aspiren a una plaza en un Juzgado de Menores tengan que contar además de su preparación específica, con formación especializada en violencia de género antes de poder tomar posesión del cargo.
Establece que tras este proceso, «los que obtuvieran plaza así como los que la obtuvieran cuando las vacantes tuvieran que cubrirse por ascenso, deberán participar antes de tomar posesión de su nuevo destino en las actividades de especialización en materia de menores y en materia de violencia de género que establezca el Consejo General del Poder Judicial».
En las 60 modificaciones que ha sufrido el texto durante su tramitación parlamentaria en la cámara baja, el partido del Gobierno ha incluido, además, la posibilidad de que los médicos forenses realicen «pericias» por encargo de particulares y establece que los autos y expedientes de procedimientos cerrados podrán destruirse cuando transcurra un plazo de seis años desde que se dicte una resolución firme que ponga, de forma definitiva, fin a la causa.
