La privatización del Registro Civil supondrá para todos los españoles un fuerte incremento, y probablemente inecesario, en el gasto público.
Y es que cuando faltan menos de tres meses para que el Registro Civil pase a los Registradores de la Propiedad y Mercantiles, en el mes de julio se tiene previsto realizar esta cesión, nadie discute hoy en día el gasto que supondrá esta medida.
La privatización del Registro Civil, que llegará con la nueva ley de registradores, tendrá como consecuencia que el ciudadano va a tener que pagar por este servicio de forma directa, o bien, con subida de impuestos. Y de nada van a servir las potentes inversiones económicas en informática que ya se realizaron en los Registro Civiles hace un par de años. Un importe de cerca de 200 millones de euros (entre digitalización y nuevos programas) que se tirarán a la basura.
De esta forma se plantean numerosas dudas en relación con la asunción de estos servicios por los Registradores de la Propiedad, ¿podrán gestionar 900 registradores los datos de cerca de 45 millones de personas?, ¿se pagará con dinero público las oficinas y los trabajadores de los Registradores de la Propiedad?
Una situación, la de la privatización del registro civil, con la que tal vez lo que está pretendiendo el Gobierno es asegurar de alguna forma el “negocio” de los Registradores, unos 700 millones de euros al año, y todo ello a pesar de que los funcionarios, unos 3.500 en la actualidad, están perfectamente formados para tramitar los diferentes expedientes del Registro Civil.
